La Eurocámara reclama a los países que creen unidades policiales «contra el odio» en una resolución pactada el pasado jueves por varios grupos políticos del hemiciclo y se demanda la ilegalización de la Fundación Francisco Franco así como de las fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo como esta.
Según se recoge en el texto consensuado por hasta cinco grupos políticos, incluidos populares y liberales, en el pleno del Parlamento Europeo (PE) se muestra la preocupación ante el aumento de la violencia neofascista en la Unión Europea tras agresiones de grupos ultras y piden a la Comisión Europea que ponga en marcha medidas concretas.
Un ejemplo de ello es la sufrida por Eleonora Forenza, la eurodiputada italiana, agredida en Bari por miembros de CasaPound, un movimiento político fascista de extrema derecha italiano.
Preocupación por el auge fascista
La eurocámara declara en el Pleno del Parlamento Europeo estar preocupada por el auge de la normalización de la intolerancia, el racismo, la xenofobia y el fascismo, y por la «impunidad» de quienes defienden estas ideologías.
La reclamación a los Veintiocho se basa en que se creen unas «unidades policiales contra el odio» y la seguridad de que en las fuerzas de seguridad no existan este tipo de comportamientos racistas o xenófobos.
Asimismo demandan que la CE reclame a las organizaciones cívicas el reporte de discursos de odio y crímenes de odio en los países europeos.
Cultura común de memoria histórica
Respecto a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, otro de los reclamos que tuvieron lugar en el PE fue el de una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes fascistas del pasado. Existe una preocupación por que las nuevas generaciones «estén cada vez menos concienciadas con la historia del fascismo, lo que representa un riesgo de ser indiferente ante nuevas amenazas».
Ecologistas, Socialdemócratas y la Izquierda Unitaria incluyeron menciones a agresiones concretas como las de «Hogar Social Madrid» o al Valle de los Caídos, pero finalmente quedaron fuera del texto.
En una rueda de prensa previa al voto, Ana Miranda, la eurodiputada del BNG (Bloque Nacionalista Galego), destacó la importancia de la resolución para presionar a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco e intentó durante las negociaciones que la resolución recogiera como caso condenable la denuncia que la familia Franco presentó contra el conjunto de activistas que ocuparon el Pazo de Meirás en agosto de 2017, una ocupación que se realizo pacíficamente y que tenía como objetivo reclamar su devolución al pueblo gallego.
«Es una anormalidad democrática en la UE, donde sería imposible que existiera en 2018 una fundación Hitler o Mussolini», afirmó las eurodiputada.