Ha tenido lugar una huelga general en Palestina contra la ley que declara a Israel «el estado-nación» del pueblo judío, esta paralizó el pasado 1 de octubre los territorios de la Palestina ocupada por Israel, extendiéndose a los territorios bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y la franja de Gaza. Según la PressTV, la huelga de árabes y palestinos se extendió a los sectores público y privado, cerrándose empresas, tiendas, bancos, escuelas, universidades, transportes públicos e instituciones gubernamentales.
La agencia Wafa (Palestina) describió que la huelga general en Palestina fue apoyada por los líderes palestinos «dentro de Israel, representados por el Comité de Seguimiento (Follow-Up Committee)», y por las fuerzas nacionalistas e islamistas en el lado occidental del Jordán y en la franja de Gaza, para protestar contra el impacto negativo de la nueva ley racista en la vida diaria, en la historia, en la cultura y las tradiciones «de millones de palestinos que viven en Israel y en los territorios ocupados».
Yousef Jabareen, diputado por la alianza política de The Joint List afirmó que la huelga es una protesta contra la Ley de Base del Estado-Nación (Ley Base) que transforma a los palestinos y otros no judíos en «ciudadanos de segunda y tercera clase». La huelga, afirmó el mismo diputado, envía un «mensaje de oposición a la continuada discriminación y el racismo» hacia la población árabe, los cuales no aceptarán «recibir un estatuto de inferioridad». «Nacemos aquí y lucharemos por la igualdad» de derechos: «ciudadanía total e igual para todos».
La nueva ley del Apartheid
La huelga general en Palestina fue convocada como reacción a la ley que designa a Israel -la entidad que ocupa históricamente el territorio de Palestina- un «estado» descrito como «la casa nacional del pueblo judío». Según el Times of Israel, la Ley Base, «tal como una Constitución, guiará el sistema legal en Israel» y será, por tanto, «más difícil de revocar que las leyes normales».
La Ley Base fue aprobada el pasado julio por la mayoría de la derecha en el Knésset israelí (el parlamento de Israel), bajo la crítica de los diputados árabes y de la izquierda israelí, que públicamente la calificaron tras la votación como una «ley racista», una «ley del apartheid«.
Otras acciones además de esta huelga general en Palestina, se suceden desde la aprobación de la ley, la cual ha sido objeto de réplica interna e internacional. También se firmaron y presentaron ante el Tribunal Supremo de Israel peticiones de oposición, firmadas por líderes Drusos, Árabes y Beduinos, por grupos de derechos humanos, académicos y por los partidos de izquierda en el parlamento israelí, el Meretz, partido político israelí de izquierda, y The Joint List (Árabe).
Según el Times de Israel, los críticos argumentan que «al institucionalizar la desigualdad entre sus ciudadanos», la ley «contradice los fundamentos del sistema legal israelí» e incluso «la Declaración de Independencia» del Estado de Israel.
Manifestaciones repudiando la ley, muy participadas, se sucedieron el pasado agosto y septiembre.
Una afrenta a las Naciones Unidas y al plan de paz para Palestina
Al declarar Jerusalén, «completa y unida», como la «capital» del Estado de Israel, el Knésset israelí se enfrenta a la comunidad internacional en general y a las Naciones Unidas en particular, que clasifican la parte oriental de Jerusalén como «territorio palestino ocupado por Israel».
De acuerdo con el Plan de Partición para Palestina (Plan de Partición), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947, Jerusalén era visto como un «corpus separatum» administrado por la ONU. Israel ocupó la parte occidental de la ciudad en 1948 y el este de la misma en 1967, pero tanto la comunidad internacional en general como las Naciones Unidas consideran el estatuto legal de Jerusalén el derivado del Plan de Partición, rechazando reconocer la soberanía israelí sobre la ciudad. Por su parte, los palestinos viven desde hace tiempo bajo ocupación israelí, pero acentuan el anhelo de establecer un Estado Palestino independiente, con Jerusalén-Este como capital.
El apoyo incondicional de los Estados Unidos puede ser cuestionado
La comunidad internacional ha acogido esta nueva Ley Base con reserva y/o repudio, a excepción de los Estados Unidos bajo la administración Republicana de Trump y la complicidad de sus opositores del Partido Demócrata, pero incluso ese tradicional apoyo puede cambiar.
Los diputados Jamal Zahalka y Hassan Jabareen, director general de la ONG Adalah, se reunieron esta semana con el senador Bernie Sanders y algunos congresistas estadounidenses en el marco de una campaña internacional contra la legislación racista. Según informa el sitio Walla news Zahalka, pidió a los congresistas que presionen al gobierno de Israel para que revoque la ley.
Los interlocutores aparentemente expresaron su voluntad de trabajar contra la ley.