Reunida en La Habana, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad este domingo el proyecto de una nueva Constitución, que será sometido a consulta popular, antes de regresar a la Asamblea.
En lo que constituye una etapa más de un vasto proceso democrático, el texto será discutido por el pueblo cubano entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre.
En el cierre de la primera sesión ordinaria de la IX Legislatura, el presidente Miguel Díaz-Canel subrayó la importancia de la consulta popular, en la medida en que «fortalecerá la unidad de los cubanos en torno a la Revolución».
Se trata de un «ejercicio de participación directa del pueblo que asume la mayor relevancia política» y es «un reflejo más de que la Revolución se funda en la más genuina democracia», dijo.
El proyecto de la nueva Constitución reafirma el carácter socialista del sistema político, económico y social cubano, así como el papel del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Entre los fundamentos políticos esenciales del Estado socialista y revolucionario se cuentan, entre otros, promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar para alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, preservar y multiplicar las conquistas de la Revolución Cubana.
A nivel de la política exterior, el documento mantiene principios ya vigentes e incorpora nuevos, como la condena del imperialismo, del fascismo, del colonialismo o del neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones; la defensa y protección de los derechos humanos y el repudio por cualquier manifestación de racismo o discriminación; el repudio y la condena de todas las formas de terrorismo, en particular del terrorismo de Estado.
En lo que se refiere al sistema económico, se mantienen como principios fundamentales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de gestión económica.
Reconociendo el papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, incluida la privada, el texto destaca a la empresa estatal como sujeto principal de la economía nacional y defiende la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las garantías debidas al respeto de la soberanía del Estado cubano.
En términos de derechos y garantías, el texto establece nuevos derechos, especialmente en asuntos legales, como el hábeas corpus y la reintegración social de las personas condenadas a privación de libertad. También prevé cambios en la institución del matrimonio, que define como unión «entre dos personas», mientras que la actual Constitución, de 1976, lo caracteriza como la unión decidida voluntariamente entre un hombre y una mujer.
El proyecto propone también cambios en la estructura del Estado, en particular la creación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República, y de primer ministro, en lugar del actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.