Pasadas las elecciones, la bancada ruralista y conservadora en la Cámara de Diputados brasileña pretende aprobar un proyecto que limita el reconocimiento de derechos de los indígenas en Brasil.
Se trata del proyecto de ley (PL) 490, orquestado por la llamada «bancada ruralista», que defiende los intereses del agronegocio, y que tiene por objeto modificar el Estatuto del Indio, fechado en 1973, el cual puede «inviabilizar el reconocimiento de los territorios» de las comunidades indígenas.
El PL 490 y otros once proyectos de contenido similar tienen como ponente al diputado Jerónimo Goergen, en quien el vencedor de las presidenciales brasileñas, Jair Bolsonaro, habría pensado para comandar el Ministerio de Agricultura.
Al presentar su dictamen sobre la medida, el diputado ruralista propuso el rechazo del PL 490 y sugirió, en sustitución, un conjunto de otras medidas, perjudiciales para los indígenas. Entre estas medidas que limitan los derechos de los indígenas en Brasil, se encuentra la agilización de la realización de obras y de la explotación de recursos en tierras indígenas, así como la retirada a los pueblos originarios del derecho de consulta.
En el documento, el diputado defiende que las medidas no dañan la constitucionalidad, ni otras normas de carácter jurídico y técnico-legislativo, pero los opositores subrayan exactamente lo opuesto.
La eliminación del derecho de consulta a los pueblos indígenas perjudica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual los pueblos tribales e indígenas tienen que ser previamente «oídos sobre eventuales medidas administrativas y legislativas que tengan potencial para afectarles directamente».
Denuncias de inconstitucionalidad
El dictamen de Goergen, presentado el mes de mayo, está listo para ser votado en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, el órgano que tiene como función evaluar la constitucionalidad de las cuestiones legislativas. Si pasa a la Comisión, el informe se dirige al plenario.
Además del dictamen, los miembros de la Comisión deben considerar los votos de los diputados Chico Alencar e Iván Valente (ambos del Partido Socialismo y Libertad – PSOL), que apuntan a la inconstitucionalidad de la propuesta.
Para Chico Alencar, el proyecto que limita el reconocimiento de derechos de los indígenas en Brasil choca con la Constitución brasileña, que protege los derechos de los indígenas «destaca las tierras, la cultura y la identidad de las comunidades».
Por su parte, para Valéria Paye, de la coordinación de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), la agilidad que los campesinos están imprimiendo a la tramitación del proyecto de ley no es ajena a la elección de Bolsonaro como presidente, en un contexto político nacional de avance de la derecha.
«Lo que antes era una amenaza […] hoy es real», subrayó.