Cada habitante de España merece que sus derechos sean respetados

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Cada habitante de España merece que sus derechos sean respetados

Desde hace mucho tiempo, los abusos de la administración pública española en contra de sus ciudadanos son habituales.

Dentro de Europa, España es uno de los países con más alto nivel de corrupción, lamentablemente. Es muy común ver a funcionarios de las administraciones públicas abusar por tener el poder, y actuar de forma incorrecta en perjuicio de los ciudadanos, que sienten temor de realizar la denuncia por las posibles represalias. O lo que es peor, sienten que de todas formas no se hará justicia por su denuncia.

A pesar de ello, según la doctora Pilar González Arteaga, los ciudadanos se muestran bastante pasivos y resignados ante los abusos de las administraciones públicas, y son bastante reacios a iniciar reclamaciones. No obstante, en los últimos años, cada vez son más las personas que entablan recursos para hacer valer sus derechos.

Hay funcionarios que pueden prometer darle curso más rápido a algunos trámites burocráticos, a cambio de un soborno. En otros casos, ejercen su poder en beneficio de empresas sin escrúpulos, para otorgarles contratos jugosos, desplazando de esta manera a las que tenían mejores condiciones para que les adjudiquen el contrato. Otros amenazan con impartir multas si no se les da un “incentivo”.

Un prestigioso periódico indica que España tiene niveles de corrupción comparables a Botsuana, que figura en el puesto 30 entre los países con más corrupción en el mundo. Ranking que elabora Transparencia Internacional, muy por detrás de gran parte de los demás países europeos. El mismo periódico describe que los tribunales españoles tienen en trámite más de 1600 casos por denuncias de corrupción, y que los grandes títulos de los diarios hablan de abusos cometidos por la administración pública.

Elegir los mejores para defender los derechos

Mayoritariamente, estos abusos no se denuncian. Los españoles creen que cualquier demanda en contra de la administración pública por los casos de corrupción de sus funcionarios, no prosperará, y hay quienes no lo hacen por el miedo a las represalias que puedan tomar en su contra.

Si los Derechos Humanos son vilipendiados por los que tienen que representar a las autonomías y ayuntamientos, lo lógico es entablar una lucha para que la ley sea respetada, y la mejor forma de alcanzar esa meta, es asesorarse con Pilar González Arteaga. Esta abogada, con una vasta experiencia, reside en Illescas, Toledo. Ella es quien se encuentra a cargo del despacho Arteaga – Abogados Illescas, con una trayectoria de 16 años.

Estos profesionales han ganado demandas en contra de la administración pública, habiendo obtenido compensaciones justas por los daños a las víctimas.

Aunque la doctora Pilar González Arteaga, no sólo tiene una acabada experiencia en estas lides, sino también en Derecho Civil, Familiar, Laboral, Penal; Testamentos y Herencias, Violencia de Género, Indemnizaciones y Responsabilidad Civil, Reclamaciones por Impagos y Fallos en Obras Arquitectónicas.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son instituciones que deben proteger al ciudadano, y la rectitud, debe primar como ejemplo. Para que cada español pueda hacer la
denuncia correspondiente ante cualquier intento de abuso o de corrupción por parte de los funcionarios.

El silencio solo sirve de cobijo a quienes hacen ostentación de poder, y aumenta los hechos abusivos. Pero, con un despacho de abogados como el de Pilar González Arteaga, los reclamos
son atendidos,para que la corrupción imperante, poco a poco, deje paso a la transparencia.

Los ciudadanos españoles, y también aquellos extranjeros que han elegido España como su segunda patria, son los protagonistas para que se cumpla la ley y se respeten sus derechos.
Para ello, deben denunciar todo intento de abuso, por mínimo que sea, ante este despacho de abogados.

En España, ¿todos los habitantes, sean nativos o por opción gozan de los mismos derechos?

¿Cada ciudadano español o que por decisión haya decidido serlo goza de los mismos derechos y obligaciones? ¿Son todos iguales? Así lo declara la Constitución, pero dista mucho de ser la verdad porque el ordenamiento jurídico hace que en la sociedad actual, no todos seamos iguales. Cuando se trata de una disputa o una controversia contra la administración pública, la ley no protege al ciudadano.

Si se trata de una multa injusta por ejemplo, que no se debería pagar pero sí efectuar el correspondiente reclamo, el ciudadano está en franca desventaja, pues quien libró la multa es funcionario, o policía y por lo tanto lo que dice es veraz. En cambio la palabra del ciudadano es objeto de prueba.

Este ejemplo es demostrativo de que no existe igualdad entre la palabra de un funcionario y la del simple ciudadano, que no goza de ninguna defensa en relación a la veracidad de sus dichos.  Esta es la razón por la que ante cualquier duda o controversia es conveniente asesorarse con profesionales que cuenten con amplia experiencia sobre el tema en que se basa el problema.

Ser funcionario en España

En España, el cargo de funcionario se entrega una vez y es para toda la vida, pues es imposible despedirlo, como también sucede en otros países. De acuerdo a estudios realizados, solo hay unas pocas formas de que el funcionario deje de serlo. Estas son: si renuncia o si se jubila, por alguna sanción administrativa o por una condena.

Pero es muy complicado comprobar algún hecho delictivo que pueda haber cometido para lograr que le apliquen una sanción administrativa o lo condenen no sucediendo de la misma forma con el ciudadano común.

Características que identifican al despacho

Las “señas de identidad” del despacho que los caracteriza y los hace “elegibles y recomendables” son: ·

  • Trato individual y personalizado, donde cada individuo es único y su problema, también lo es, por lo que merece una solución específica.
  • Trayectoria. Desde 2002, son 16 años llevando soluciones a la
    comunidad
  • Calidad y profesionalismo: por medio del constante
    perfeccionamiento profesional, para ofrecer un servicio de calidad, da como resultado, la satisfacción del cliente.

Como opina la Dra. Pilar González Arteaga, “cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada caso, es diferente”. Y se puede agregar, hay despachos de abogados que, también son diferentes.