El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, en una decisión judicial que supone la primera imputación criminal contra un exjefe del Ejecutivo en la historia democrática de España. El caso, fechado el 19 de mayo de 2026, sitúa al socialista en el centro de una investigación sobre la concesión de 53 millones de euros en plena crisis de la covid-19.
Un rescate bajo sospecha
La investigación se centra en la gestión del rescate financiero que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea, por un importe de 53 millones de euros, en plena pandemia. Según la imputación, Zapatero habría utilizado su influencia para favorecer a la empresa y, presuntamente, canalizar fondos a través de sociedades opacas. La jueza instructora, perteneciente a la Audiencia Nacional, sostiene que existen indicios de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La defensa del expresidente
Zapatero ha negado categóricamente los hechos. Tras conocerse la imputación, afirmó ante los medios que «jamás he tenido una sociedad mercantil ni he participado en una» y calificó las acusaciones de «infundadas». El expresidente, que gobernó entre 2004 y 2011, ha comparecido voluntariamente ante el tribunal para prestar declaración, aunque no se ha decretado ninguna medida cautelar en su contra.
El caso ha generado un terremoto político en España. Los partidos de la oposición han exigido explicaciones al Gobierno, mientras que desde el PSOE se ha mostrado apoyo al expresidente, insistiendo en la presunción de inocencia. La imputación de un exjefe de Gobierno es un hecho sin precedentes en la democracia española y abre un nuevo capítulo en la relación entre la política y la justicia en el país.
