La Audiencia Nacional ha citado a declarar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras imputarle un delito de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, según confirmaron fuentes judiciales este martes. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente se sienta en el banquillo por este tipo de delitos.
Un rescate bajo sospecha
La investigación se centra en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus, en el marco del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La jueza instructora sospecha que Zapatero pudo intermediar para que la compañía recibiera la ayuda a cambio de favores políticos o personales, según consta en el auto de imputación.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este lunes las oficinas del expresidente en Madrid, así como la sede de la antigua aerolínea, en busca de documentación que acredite las gestiones realizadas. Zapatero está citado a declarar los primeros días de junio.
Se investiga si las gestiones de Zapatero fueron determinantes para que la SEPI autorizara el rescate, desoyendo los informes técnicos que desaconsejaban la operación.
La acusación particular, ejercida por el partido político VOX, sostiene que el expresidente mantuvo reuniones discretas con altos directivos de Plus Ultra antes de que se aprobara la ayuda. Por su parte, la defensa de Zapatero ha calificado la imputación de «absolutamente infundada» y avanzó que recurrirá la decisión.
Repercusión política inmediata
El caso ha provocado un terremoto político en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para aclarar si el Gobierno de Pedro Sánchez conocía las gestiones de su antecesor. Desde el Ejecutivo, la portavoz Pilar Alegría ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y se ha limitado a señalar que «los tribunales actuarán con independencia».
Plus Ultra, aerolínea que operaba vuelos entre España y Venezuela, recibió el rescate en 2021, cuando el turismo estaba paralizado por las restricciones sanitarias. La compañía había acumulado pérdidas millonarias desde su fundación, según los informes de la SEPI. La decisión de rescatarla fue especialmente polémica porque la empresa era propiedad de accionistas vinculados al chavismo, lo que generó críticas de la oposición.
La imputación de Zapatero abre un escenario sin precedentes en la política española. Si el caso llega a juicio y es condenado, podría enfrentarse a una pena de entre dos y seis años de prisión, además de inhabilitación para cargo público, según el artículo 429 del Código Penal.
