El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado este 22 de mayo de 2026 por un presunto delito de tráfico de influencias en relación con el rescate público de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. La investigación judicial, aún en fase inicial, trata de determinar si Zapatero intermedió para beneficiar a la compañía a cambio de contrapartidas políticas o personales, aprovechando su red de contactos institucionales.

El caso se remonta a 2020, cuando el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La operación fue autorizada por el Consejo de Ministros, pero la investigación se centra ahora en el papel que pudo haber jugado el exmandatario socialista en las gestiones previas. Según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe, la imputación se basa en correos electrónicos y testimonios que vincularían a Zapatero con los accionistas de la aerolínea, entre ellos el Grupo Marsans y el empresario venezolano Francisco Núñez.

Reacciones políticas divididas

La imputación ha provocado un terremoto político en España. Mientras que sectores de la izquierda han expresado su respaldo a la presunta inocencia de Zapatero, aunque exigen explicaciones, la derecha habla de un «escándalo de corrupción» que salpica al principal partido de la oposición. El Partido Popular ha reclamado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para dar cuenta de los criterios que guiaron el rescate. Por su parte, fuentes de la cúpula socialista han calificado la imputación de «maniobra política» y han recordado que la decisión de la SEPI fue colegiada y basada en informes técnicos.

El caso Plus Ultra ha sido controvertido desde su origen. La aerolínea, que operaba rutas entre España y Venezuela, fue una de las pocas empresas del sector aéreo beneficiadas por el fondo COVID a pesar de arrastrar pérdidas previas a la pandemia. La Comisión de Investigación del Congreso ya había debatido en 2021 sobre la concesión del rescate, pero la imputación de Zapatero eleva ahora la presión mediática y judicial.

Implicaciones para la credibilidad institucional

Analistas políticos consultados subrayan que la imputación de un expresidente por un delito contra la Administración pública supone un golpe a la confianza en las instituciones. «Ver a un ex jefe del Estado sentado en el banquillo por tráfico de influencias trasciende lo partidista y afecta a la percepción general de la lucha anticorrupción en España», señala Emiliano García Coso, analista entrevistado por France 24. No obstante, García Coso matiza que la fase de imputación no implica culpabilidad: «Todo está por probar, pero el daño reputacional ya está hecho».

Mientras tanto, el órgano judicial avanza en la recogida de pruebas. La Audiencia Nacional, que lleva el caso, ha solicitado documentación adicional a la SEPI y al Ministerio de Transportes. Se espera que en las próximas semanas se tomen declaraciones a los implicados. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de los lobbies y las puertas giratorias en España, así como la necesidad de endurecer los controles sobre los rescates empresariales públicos.