El litigio Dressen v. Flaherty, que examina los límites de la presión del Gobierno estadounidense sobre las plataformas digitales para silenciar contenidos relacionados con las vacunas, ha sido elevado a un tribunal de apelación, según anunciaron las partes este 10 de julio de 2026. El caso gira en torno al cierre de un grupo de apoyo a la vacunación que, según la documentación judicial, funcionaba como un «salón seguro online».
Presión gubernamental sobre las plataformas
La demanda sostiene que funcionarios federales presionaron indirectamente a las empresas tecnológicas para que clausuraran el grupo, vulnerando la libertad de expresión de sus miembros. El demandante, Dressen, alega que el Estado actuó de forma encubierta, instando a las plataformas a eliminar el espacio de discusión sin pasar por los cauces judiciales ordinarios. Por su parte, el demandado, Flaherty, representa a la administración que habría ejercido esa influencia.
El grupo era un ‘salón seguro online’, según la fuente, y Washington presionó a las plataformas hasta que lo cerraron.
El tribunal de apelación deberá determinar si la conducta del Gobierno constituye una censura indirecta inconstitucional o si se enmarca dentro de las facultades legítimas de las autoridades sanitarias para combatir la desinformación. El caso ha despertado el interés de organizaciones de derechos digitales y defensores de la libertad de expresión, que lo consideran un precedente crucial sobre la relación entre el Estado y los intermediarios de internet.
No se ha fijado aún la fecha para la vista oral. La decisión podría sentar jurisprudencia sobre hasta qué punto el Ejecutivo puede presionar a las plataformas para moderar contenido sin incurrir en violaciones de la Primera Enmienda.
