Un análisis jurídico del centro de estudios Just Security ha puesto de manifiesto un vacío legal que permite a Estados Unidos llevar a cabo actividades militares en Latinoamérica basándose únicamente en el consentimiento del país anfitrión, sin una supervisión adecuada. El informe, fechado el 26 de junio de 2026, sostiene que esta práctica vulnera principios fundamentales del derecho internacional y abre la puerta a posibles abusos, según ha informado el propio centro en su página web.
El análisis argumenta que los estados no deberían poder autorizar a otros el uso de la fuerza que ellos mismos no pueden ejercer, y que los estados intervinientes no deberían confiar ciegamente en el consentimiento del anfitrión, ya que este podría estar viciado o no reflejar la voluntad real de la población. La cita literal del informe, recogida por el centro, advierte:
States should not be able to consent to others using force that they cannot use themselves, and intervening states should not blindly rely on host state consent.
Just Security, conocido por su labor en derechos humanos y seguridad internacional, subraya que la falta de controles abre la puerta a abusos y socava la soberanía de los países de la región. El documento insta a revisar los marcos legales que regulan estas operaciones para garantizar el respeto a la autodeterminación de los Estados latinoamericanos.
La alerta llega en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región, donde bases y ejercicios conjuntos se han multiplicado en los últimos años. Aunque el análisis no menciona casos concretos, advierte del peligro de normalizar intervenciones basadas en acuerdos bilaterales opacos que podrían eludir el escrutinio internacional.
