El Gobierno turco ha ordenado la detención de 178 personas en vísperas de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, según han confirmado fuentes oficiales este martes. Las detenciones, que se enmarcan en una oleada de protestas contra el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan, han desatado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y han puesto el foco en las tensiones internas del país anfitrión del principal foro de la Alianza Atlántica.
Los arrestos se han producido en el marco de una serie de manifestaciones que han tenido lugar en varias ciudades turcas durante los últimos días, en un claro desafío al clima de control gubernamental que precede a la cita de líderes de la OTAN. Las autoridades turcas no han precisado los cargos concretos, aunque fuentes judiciales citadas por medios locales apuntan a acusaciones de alteración del orden público y presunta pertenencia a organizaciones ilegales.
La sombra de las protestas sobre la cumbre
La cumbre de la OTAN, que arranca este miércoles en Ankara, reúne a los líderes de los 32 países miembros en un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo. La oleada de detenciones, sin embargo, amenaza con desviar la atención hacia la deriva autoritaria del Gobierno turco, que ya ha sido objeto de advertencias por parte de Bruselas y de la propia Alianza.
Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado las detenciones y han instado a Ankara a garantizar el derecho de protesta pacífica. La portavoz del Ministerio de Exteriores turco, en declaraciones a la agencia estatal Anadolu, ha defendido que las medidas se ajustan a la legalidad y que el país garantiza un clima de seguridad durante la cumbre.
Las detenciones masivas en un país miembro de la OTAN, justo antes de una cumbre clave, reflejan las contradicciones internas de una Alianza que, al mismo tiempo, pretende proyectar unidad frente a sus adversarios. La posición de España, como socio histórico de la OTAN y con estrechos vínculos bilaterales con Turquía, sitúa a Madrid en una delicada tesitura diplomática: apoyar la hoja de ruta de la cumbre sin dejar de lado la defensa de los valores democráticos.
