El Gobierno tunecino ha organizado en los últimos meses los ‘retornos voluntarios’ de migrantes subsaharianos en su territorio, un programa que presenta deficiencias en transparencia y en la garantía de derechos, según ha revelado un reportaje. Desde julio de 2025, más de 4.000 personas han sido repatriadas en el marco de esta iniciativa, cuyo funcionamiento opaco y expeditivo ha suscitado críticas de organizaciones internacionales y de derechos humanos.

La presión migratoria que soporta Túnez, país de tránsito hacia Europa, especialmente hacia España, ha llevado a las autoridades a impulsar estos retornos como una de las vías para reducir el número de migrantes en su territorio. Sin embargo, el proceso carece de la supervisión independiente necesaria, lo que ha generado dudas sobre la voluntariedad real de los traslados. Los migrantes no siempre reciben información completa sobre su destino ni sobre los procedimientos legales a su alcance.

Un modelo que preocupa a las organizaciones internacionales

La opacidad del programa ha provocado que varias ONG y agencias de la ONU hayan pedido a Túnez que garantice que los retornos se producen sin coacción y con respeto a los derechos humanos. El hecho de que los migrantes sean trasladados en condiciones poco claras, sin acceso a asesoría legal ni a documentación adecuada, plantea interrogantes sobre la legalidad del proceso. Organizaciones como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) han señalado que estos programas deben ser verdaderamente voluntarios, con entrevistas confidenciales y posibilidad de desistimiento en cualquier momento.

El caso tunecino se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en el norte de África. La ruta tunecina hacia las costas españolas, especialmente a través del Mediterráneo central, ha cobrado relevancia en los últimos años, y las autoridades locales tratan de frenar la salida de embarcaciones. No obstante, los retornos forzados o mal gestionados pueden agravar la situación de vulnerabilidad de los migrantes y generar tensiones diplomáticas con los países de origen y de tránsito.

El reportaje que ha documentado el caso revela que la mayoría de los repatriados son de países como Costa de Marfil, Malí o Guinea. Muchos de ellos habían trabajado en Túnez durante meses o años y, al ser incluidos en el programa, perdieron sus empleos y pertenencias sin recibir compensación. Las condiciones de viaje, a menudo en autobuses precarios y con escalas prolongadas, también han sido objeto de quejas.

Mientras Túnez presenta estas repatriaciones como una solución ordenada a la migración irregular, la realidad sobre el terreno muestra un vacío de protección que pone en riesgo a miles de personas. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de este programa, que podría sentar un precedente para otros países africanos que enfrentan una presión migratoria similar.