El tribunal penal antiterrorista de Túnez ha condenado este martes a cadena perpetua a Rached Ghannouchi, líder del movimiento islamista Ennahda, de 84 años, que ya cumplía penas acumuladas de 40 años de prisión desde 2023. La sentencia se suma a los cargos previos y agrava la situación del histórico opositor, en un contexto de creciente represión política en el país magrebí.
La condena fue dictada en relación con el caso denominado «appareil secret» (aparato secreto), según informaron fuentes judiciales tunecinas. Ghannouchi, que fue presidente del Parlamento entre 2011 y 2014, ha sido procesado en varias causas que sus partidarios consideran motivadas políticamente. La nueva pena, que incluye además 32 años adicionales de prisión firmes, supone un endurecimiento sustancial de su reclusión.
Una deriva autoritaria en Túnez
El caso de Ghannouchi es el más visible de una serie de procesos que han golpeado a la oposición tunecina desde que el presidente Kais Saied asumió poderes extraordinarios en 2021. En los últimos cinco años, decenas de figuras políticas, jueces y periodistas han sido encarceladas bajo acusaciones de terrorismo o conspiración contra el Estado, en lo que organizaciones de derechos humanos califican como un retroceso democrático sin precedentes desde la revolución de 2011.
En Túnez, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento para silenciar a la oposición, y la condena a cadena perpetua de Ghannouchi es la prueba más clara de ello
El movimiento Ennahda, que gobernó en coalición tras la caída de Ben Ali, ha sido declarado «organización terrorista» por las autoridades tunecinas, una decisión que ha sido criticada por la comunidad internacional. La cadena perpetua sobre un líder octogenario condena al veterano político a pasar el resto de sus días en prisión.
La noticia ha provocado reacciones en el exterior. La Unión Europea y la ONU han expresado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Túnez, un país que durante años fue considerado el único éxito democrático de la primavera árabe. España, con fuertes vínculos migratorios y de seguridad con el Magreb, sigue de cerca la evolución de la situación.
