El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha abierto una investigación penal contra antiguos funcionarios de la administración de Barack Obama por sus actuaciones tras las elecciones de 2016. Según fuentes cercanas al caso, el expresidente Obama podría estar en el punto de mira de los fiscales, que examinan posibles operaciones de influencia o venganza política vinculadas a la lucha entre agencias de inteligencia y el poder ejecutivo.
La pesquisa, que aún se encuentra en una fase preliminar, no ha especificado los cargos concretos ni el número de implicados. No obstante, el alcance de la investigación sugiere que los fiscales tratan de determinar si altos cargos del anterior gobierno utilizaron su posición para obstaculizar la transición de poder o para filtrar información clasificada con el objetivo de perjudicar al entonces presidente electo, según indicaron las mismas fuentes.
Este movimiento del Departamento de Justicia se produce en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y las agencias de inteligencia. Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, su equipo ha impulsado varias revisiones de lo ocurrido durante la transición de 2016-2017, cuando sectores del establishment de seguridad nacional expresaron abiertamente su rechazo al resultado electoral que dio la victoria a Trump frente a Hillary Clinton.
La posibilidad de que Barack Obama sea investigado representa un giro sin precedentes en la historia política estadounidense. Hasta ahora, ningún expresidente había sido sometido a una indagación penal por parte de la administración sucesora, lo que ha abierto un intenso debate sobre el uso político del sistema judicial. Analistas consultados señalan que, si la investigación prospera, podría desencadenar una crisis constitucional al poner en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo y judicial.
