El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva sobre la regulación de la inteligencia artificial que descansa en una interpretación amplia de la discreción ejecutiva y que, según críticos, pretende evitar la rendición de cuentas ante los tribunales. La medida, fechada el 8 de junio de 2026, ha generado preocupación entre expertos legales y organizaciones de derechos civiles por su posible impacto en el uso de la IA por parte de las agencias de inteligencia.

La orden ejecutiva establece un marco regulatorio que otorga un amplio margen de maniobra al Ejecutivo para decidir cómo se aplican las normas sobre inteligencia artificial, reduciendo así la capacidad de los jueces para revisar decisiones gubernamentales. Según fuentes del entorno presidencial, la administración Trump busca con esta medida acelerar el desarrollo tecnológico y evitar lo que considera una «burocracia judicial excesiva», pero los críticos advierten de que sienta un peligroso precedente al socavar el equilibrio de poderes.

El núcleo de la controversia

La orden se apoya en la doctrina de la discreción ejecutiva, que permite al presidente tomar decisiones sin necesidad de aprobación legislativa o judicial en ciertos ámbitos. Sin embargo, la aplicación de esta doctrina a la regulación de la IA, un campo con implicaciones directas en la privacidad, la seguridad nacional y los derechos fundamentales, ha sido calificada como un «exceso» por parte de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La Casa Blanca no ha publicado el texto completo de la orden, lo que añade opacidad al proceso.

La orden ejecutiva de Trump sobre IA representa un intento de concentrar poder en el Ejecutivo y eludir el escrutinio judicial, lo que podría tener consecuencias graves para la rendición de cuentas democrática.

Expertos en derecho constitucional han señalado que la medida podría ser recurrida ante los tribunales, aunque el camino legal sería complejo debido a la propia redacción de la orden, diseñada para minimizar las vías de impugnación. El debate se produce en un momento en que el uso de la inteligencia artificial por parte de agencias como el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional está en el centro del escrutinio público.