El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 3 de junio de 2026 una orden ejecutiva que obliga a las empresas de inteligencia artificial a compartir sus modelos más avanzados con el gobierno federal 30 días antes de su lanzamiento público. La medida, adoptada desde Washington, forma parte de los esfuerzos de la administración por reforzar la seguridad nacional y la supervisión de una tecnología clave en la competencia global.
La orden establece que las compañías desarrolladoras de sistemas de IA de última generación deberán notificar y entregar al gobierno los detalles técnicos y las capacidades de sus modelos con un mes de antelación, plazo durante el cual las agencias federales podrán realizar evaluaciones de riesgos y proponer ajustes. Aunque el texto no especifica sanciones, fuentes de la Casa Blanca señalaron a la prensa que el incumplimiento podría conllevar restricciones en contratos públicos o medidas regulatorias adicionales.
Un debate sobre seguridad y control
La iniciativa ha sido recibida con división de opiniones. Por un lado, defensores de la seguridad nacional argumentan que el acceso temprano permite evitar usos malintencionados, como la generación de desinformación o ciberataques. Por otro, críticos dentro de la industria tecnológica alertan de que la medida podría frenar la innovación y comprometer secretos comerciales, especialmente frente a competidores como China, donde el control estatal de la IA es más estricto.
El gobierno de Trump ha defendido la orden como un paso necesario para mantener el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, en un contexto donde la carrera tecnológica con Pekín se intensifica. No obstante, la falta de concreción sobre los criterios de revisión ha generado incertidumbre en el sector. Según un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) citado por fuentes del Congreso, la medida podría redefinir el equilibrio entre la colaboración público-privada y la autonomía empresarial en el ámbito de la IA.
