El gobierno de Donald Trump ha decidido a mediados de mayo de 2026 reducir drásticamente la ayuda alimentaria que Estados Unidos proporciona a países en desarrollo, según confirmaron fuentes oficiales. La medida, que afecta a programas contra el hambre en regiones como África, se suma al recorte en salud global ejecutado en 2025 y se enmarca en una política de priorización de los intereses nacionales.

La decisión ha sido criticada por organizaciones humanitarias, que advierten de un aumento del hambre y la inestabilidad en los países más dependientes de esta ayuda. La ONU, a través de su Programa Mundial de Alimentos, alertó de que la reducción podría dejar sin asistencia a millones de personas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en África subsahariana supera los 150 millones, y la ayuda estadounidense representa una parte significativa de los recursos destinados a paliar la crisis.

Este recorte también tiene implicaciones para España: el empeoramiento de la seguridad alimentaria en África podría incrementar los flujos migratorios hacia Europa, según analistas del Real Instituto Elcano. El gobierno español, que mantiene su compromiso con la cooperación internacional, sigue de cerca la evolución de la crisis humanitaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que España ha aportado 200 millones de euros en 2025 a programas de ayuda alimentaria a través de la UE, pero advierte de que el vacío dejado por EE.UU. podría ser difícil de cubrir.

La medida ha sido condenada por el comisario europeo de Gestión de Crisis, quien ha instado a Washington a reconsiderar su decisión y ha anunciado que la UE estudia aumentar su contribución para mitigar el impacto. Sin embargo, fuentes comunitarias admiten que la capacidad de reemplazo es limitada ante la magnitud del recorte estadounidense, que según estimaciones de la ONU podría afectar a 40 millones de personas en todo el mundo.