La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que destina 70.000 millones de dólares a las agencias de inmigración y control fronterizo durante los próximos tres años. La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno del Senado la semana pasada, queda ahora pendiente de la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley.
El paquete presupuestario, el mayor de la última década para este fin, refuerza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de la Administración republicana. Los fondos se destinarán a incrementar la capacidad de detención, ampliar la infraestructura en la frontera sur y financiar operativos de deportación exprés.
Impacto en la política migratoria global
La aprobación de este presupuesto supone un espaldarazo legislativo a la estrategia de Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su mandato. La medida también afecta a la relación con socios como España, que verá incrementada la presión migratoria en sus propias fronteras ante posibles desvíos de flujos desde Centroamérica y el Caribe.
Según fuentes del Congreso estadounidense, el proyecto incluye partidas para tecnología de vigilancia, contratación de 5.000 nuevos agentes y la construcción de nuevos centros de detención. La oposición demócrata criticó el gasto por considerarlo desproporcionado y advirtió de que podría violar derechos humanos.
Con esta ley, Estados Unidos consolida su giro hacia una política de tolerancia cero con la inmigración ilegal, una medida que ya ha provocado tensiones diplomáticas con México y varios países centroamericanos.
