El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a acelerar la transición hacia la criptografía post-cuántica (Post-Quantum Cryptography, PQC). La medida busca proteger los datos del Gobierno estadounidense frente a la amenaza que supondrán los futuros ordenadores cuánticos, capaces de romper los sistemas de cifrado actuales como RSA y ECC.

La orden, publicada el 23 de junio de 2026, afecta a agencias como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA). El objetivo es sustituir los algoritmos criptográficos clásicos por otros resistentes a ataques cuánticos antes de que estos ordenadores se conviertan en una realidad operativa.

Riesgo para la seguridad nacional

Según la Casa Blanca, los ordenadores cuánticos podrían romper la criptografía de clave pública actual, lo que expondría comunicaciones gubernamentales, infraestructuras críticas y datos económicos. Un ataque cuántico masivo podría costar miles de millones de dólares si no se toman medidas preventivas. La orden establece un calendario de migración que las agencias deberán cumplir, aunque el documento no detalla plazos concretos.

La transición a la criptografía post-cuántica es un proceso complejo que requiere actualizar hardware, software y protocolos en toda la administración federal. El NIST ya ha seleccionado varios algoritmos candidatos tras un proceso de estandarización que comenzó en 2016.

Implicaciones globales

La decisión de Washington tiene alcance internacional, ya que muchos países y empresas siguen los estándares tecnológicos estadounidenses. La Unión Europea y España, en particular, dependen de infraestructuras digitales que interoperan con sistemas de EE.UU., por lo que la orden podría influir en sus propias hojas de ruta de ciberseguridad. Expertos en ciberseguridad consultados por medios estadounidenses señalan que la migración podría llevar años y requerir inversiones significativas tanto en el sector público como en el privado.