El sistema de justicia de Afganistán, construido a lo largo de veinte años con el respaldo de la comunidad internacional, se desmoronó en apenas once días tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Así lo describe Mohammad Farid Hamidi, exfiscal general de Afganistán entre 2016 y 2021, en un análisis publicado recientemente.
Hamidi señala que el colapso no fue solo militar, sino también institucional. La cúpula judicial, los fiscales y los jueces formados durante dos décadas huyeron del país o fueron perseguidos, y los archivos y pruebas acumulados quedaron en manos de los talibanes.
Lo que costó veinte años levantar fue borrado en once días. No quedó ni la estructura ni la memoria institucional que sostenía el Estado de derecho.
El exfiscal denuncia que la comunidad internacional, pese a haber invertido miles de millones de dólares en la construcción del sistema judicial, no previó mecanismos de protección para los operadores jurídicos ni planes de contingencia ante una eventual caída del Gobierno afgano. La falta de inteligencia sobre la rapidez del avance talibán impidió cualquier respuesta ordenada.
Un legado judicial borrado
Durante los veinte años de presencia internacional, se formaron cerca de 3.000 jueces y fiscales, se redactaron códigos penales y procesales modernos y se crearon tribunales especializados en corrupción, derechos humanos y narcotráfico. Hamidi recuerda que, en los meses previos a la ofensiva final, los talibanes ya habían infiltrado y presionado a magistrados en zonas rurales, forzando renuncias y provocando deserciones.
El exfiscal general subraya que la destrucción del sistema de justicia no fue solo física, sino simbólica: los nuevos gobernantes derogaron las leyes aprobadas en la etapa republicana, reinstauraron castigos como la lapidación y las amputaciones, y eliminaron cualquier garantía procesal para las mujeres y las minorías.
Hamidi concluye su análisis advirtiendo de que la impunidad institucionalizada que impera hoy en Afganistán es un caldo de cultivo para nuevas amenazas a la seguridad regional y global, y pide a la comunidad internacional que no abandone la causa de la justicia y la rendición de cuentas en el país.
