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La histórica opositora y expresidenta de la Instance Vérité et Dignité ha sido condenada por un tribunal tunecino en un contexto de creciente autoritarismo en el país magrebí.
Desde julio de 2025, más de 4.000 personas han sido repatriadas en un programa que carece de transparencia y ha generado críticas de organizaciones internacionales por posibles violaciones de derechos.
La protesta de los letrados, que denuncian la intervención gubernamental en su colegio profesional, se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el estamento judicial del país magrebí.
