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La norma, respaldada por todos los partidos mayoritarios, no exige daño efectivo para penalizar contenidos que puedan afectar a menores, según los críticos.
Las nuevas reglas, publicadas a finales de mayo, obligan a operadores y proveedores a facilitar más datos al FSB sin necesidad de orden judicial, en medio de un contexto de control informativo creciente.
El centro, dotado con 15 millones de euros anuales, solo resolvió el 12% de las 43.000 apelaciones en el plazo legal, con una demora media de 67 días.
