El parlamento sueco aprobó el pasado 11 de junio una modificación de la Ley de Actividades Nucleares que excluye la minería de uranio de la regulación aplicable a las instalaciones nucleares, según informaron fuentes oficiales. La medida, impulsada por el Ejecutivo, elimina la exigencia de consentimiento municipal explícito para la extracción del mineral, lo que crea un marco de permisos más predecible y facilita el desarrollo futuro de minas de uranio en el país nórdico.
La decisión se enmarca en una revisión más amplia de la política energética sueca, que busca expandir la capacidad nuclear nacional. Suecia opera actualmente seis reactores nucleares en las centrales de Forsmark, Oskarshamn y Ringhals, que requieren un suministro constante de uranio. Hasta ahora, la minería de uranio estaba sometida a la misma regulación que las centrales, lo que complicaba la obtención de licencias y desincentivaba la inversión.
La reforma legal es un paso significativo para la soberanía energética sueca, ya que permite al país explotar sus propios yacimientos de uranio y reducir la dependencia de importaciones del exterior. Aunque Suecia no cuenta con grandes minas activas, en su subsuelo existen depósitos de uranio evaluados como viables, como el yacimiento de Norra Kärr, en el sur del país.
El cambio normativo se produce en un contexto europeo de creciente interés por la energía nuclear como fuente de electricidad estable y baja en carbono. La medida sueca podría sentar un precedente para otros países de la Unión Europea que debaten cómo garantizar el suministro de combustible nuclear sin depender exclusivamente de proveedores externos como Kazajistán, Níger o Canadá.
La votación en el Riksdag fue respaldada por la mayoría gubernamental, pero también contó con el apoyo de parte de la oposición. Los críticos de la reforma advierten de los posibles impactos ambientales de la minería de uranio, especialmente en términos de gestión de residuos radiactivos y contaminación de aguas subterráneas. No obstante, el Gobierno sueco defiende que la nueva regulación incluirá salvaguardas medioambientales estrictas y que la extracción se someterá a evaluaciones de impacto individualizadas.
