La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha modificado la perspectiva de la deuda de varias empresas públicas mexicanas, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de estable a negativa. La decisión, anunciada esta semana, refleja la preocupación del organismo internacional por el rumbo de las políticas económicas del Gobierno mexicano, al que atribuye un enfoque que, según S&P, responde a una agenda «neoliberal».

El diagnóstico de la calificadora

Según el comunicado emitido por S&P, el cambio de perspectiva afecta también a otras instituciones financieras públicas y se fundamenta en el riesgo de que las reformas emprendidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum puedan debilitar la estabilidad fiscal del país y frenar el crecimiento económico a largo plazo. S&P advierte de que las políticas actuales incrementan la exposición del sector público a tensiones financieras, en un contexto global marcado por la incertidumbre comercial y el endurecimiento de las condiciones crediticias.

«En el fondo, es ideología neoliberal», señalan los análisis internos de la agencia, según fuentes cercanas. La frase ha generado controversia en el debate público mexicano, donde sectores afines al Gobierno han criticado que una entidad privada internacional juzgue las políticas económicas del país con etiquetas ideológicas.

Un ajuste en medio del plan fiscal

La decisión de S&P se produce apenas unos días después de que el Ejecutivo mexicano presentara su plan de ajuste fiscal para 2026, que incluye recortes en el gasto público y medidas para contener el déficit. Aunque el Gobierno defiende que estas medidas son necesarias para estabilizar las cuentas públicas, los analistas advierten de que podrían no ser suficientes para mantener la confianza de los mercados. La perspectiva negativa implica que existe una probabilidad significativa de que S&P rebaje la calificación crediticia de estas entidades en los próximos meses si no se corrigen los desequilibrios.

Pemex, la empresa petrolera estatal, arrastra una pesada carga de deuda y ha sido objeto de múltiples ajustes de calificación en los últimos años. La CFE, por su parte, afronta retos derivados de la transición energética y de la competencia con actores privados. En ambos casos, la rebaja de perspectiva supone un nuevo golpe a la credibilidad financiera de las empresas públicas mexicanas en los mercados internacionales.

El Ministerio de Hacienda mexicano no ha emitido una respuesta oficial directa a la decisión de S&P, aunque fuentes gubernamentales han restado importancia a la medida, calificándola de «sesgada» y ajena a la realidad económica del país. No obstante, el anuncio ha reavivado el debate sobre la dependencia de México de las evaluaciones de las agencias calificadoras internacionales y su impacto en las condiciones de financiación de la deuda soberana y corporativa.