Los Gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han emitido una declaración conjunta en la que califican de ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. El comunicado, dado a conocer el 23 de mayo de 2026, busca presionar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para que detenga la expansión de colonias en territorio palestino ocupado, una práctica que consideran una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.

La declaración se produce en un contexto de escalada de violencia en la región. La Organización de las Naciones Unidas ha presentado un informe en el que se detallan más de 870 ataques de colonos israelíes contra palestinos en lo que va de 2026, incluyendo incendios de viviendas, destrucción de tierras de cultivo, quema de vehículos y ataques a lugares de culto. El informe de la ONU vincula directamente estos incidentes con el avance de los asentamientos, que fragmentan el territorio cisjordano y dificultan la creación de un Estado palestino viable.

Los países firmantes subrayan que la expansión de las colonias pone en riesgo la solución de dos Estados, que consideran la única vía para alcanzar una paz duradera entre israelíes y palestinos. El Derecho Internacional Humanitario, recogido en el Cuarto Convenio de Ginebra, prohíbe a una potencia ocupante trasladar población civil a los territorios que ocupa. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, ha reiterado en numerosas resoluciones la ilegalidad de los asentamientos.

España, que no figura entre los firmantes de esta declaración concreta pero mantiene una posición crítica con los asentamientos, apoya tradicionalmente las resoluciones de la Unión Europea que consideran ilegales las colonias israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores español no se ha pronunciado aún sobre la iniciativa de estos siete países, aunque fuentes diplomáticas consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría sumarse a la declaración en próximas fechas.

La ONU, por su parte, ha instado a Israel a detener la construcción de nuevos asentamientos y a desmantelar los puestos avanzados no autorizados establecidos desde 2001. El informe del organismo también advierte de que las restricciones al movimiento de palestinos y la expansión de los asentamientos están agravando la crisis humanitaria en Cisjordania.