El activista austriaco Max Schrems, fundador de la organización de privacidad noyb con sede en Viena, ha anunciado este martes 2 de julio su intención de presentar una demanda para invalidar el acuerdo de transferencia de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, conocido como Data Privacy Framework (DPF). La decisión llega tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que, según Schrems, socava las garantías jurídicas del pacto.

En una carta dirigida a las autoridades europeas, Schrems ha comunicado que planea recurrir a los tribunales para cuestionar la validez del DPF, el mecanismo que permite a las empresas tecnológicas y multinacionales transferir datos personales de ciudadanos europeos a servidores en Estados Unidos. El activista, que ya consiguió tumbar los anteriores acuerdos Safe Harbor y Privacy Shield ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que la nueva sentencia del Tribunal Supremo estadounidense expone a los datos europeos a una vigilancia masiva por parte de las autoridades estadounidenses, en contra de la normativa europea de protección de datos.

El impacto en España y Europa

La amenaza sobre el DPF afecta directamente a miles de empresas españolas y europeas que dependen de este marco para transferir datos a sus filiales o proveedores estadounidenses. El acuerdo, vigente desde 2023, fue diseñado para ofrecer un nivel de protección adecuado a los datos europeos, pero la decisión del Supremo estadounidense podría haber reducido esas garantías, según Schrems. El activista no ha especificado aún los plazos ni los tribunales ante los que presentará la demanda, pero ha asegurado que actuará con rapidez.

La Comisión Europea, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial a la carta de Schrems. Fuentes comunitarias consultadas por la prensa señalan que Bruselas sigue de cerca la evolución jurídica y confía en que el marco actual resista los embates legales. Sin embargo, el precedente de los anteriores acuerdos, anulados por el TJUE a instancias de las demandas de Schrems, hace temer un desenlace similar.

Un pulso judicial que condiciona la economía digital

La posible invalidación del DPF tendría consecuencias directas para la economía digital europea. Empresas de sectores como la nube, las redes sociales, los servicios financieros y el comercio electrónico verían comprometida su capacidad para operar con Estados Unidos, lo que obligaría a buscar mecanismos alternativos como las cláusulas contractuales tipo o las normas corporativas vinculantes, cuyo encaje jurídico también es incierto tras el fallo estadounidense.

Schrems, que ya logró en 2015 y 2020 sendas victorias judiciales contra los acuerdos de transferencia de datos con EE.UU., se ha convertido en la principal espina en el costado de la diplomacia digital transatlántica. Su organización noyb ha recibido financiación de miles de ciudadanos europeos y cuenta con un historial de litigios de alto impacto. La demanda anunciada este martes abre un nuevo frente en la pugna entre la privacidad europea y los intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses.