Las autoridades rusas en las zonas ocupadas de Ucrania han empezado a exigir a todos los propietarios de inmuebles que se registren nuevamente, en una medida que, según denuncian los afectados, busca borrar cualquier evidencia de propiedad ucraniana. La orden afecta a viviendas, terrenos y locales comerciales en territorios bajo control ruso, y su incumplimiento podría derivar en la pérdida de los derechos de propiedad.

La medida, comunicada a través de las administraciones locales impuestas por Moscú, obliga a los propietarios a presentar documentación ante las nuevas autoridades registrales. Quienes no lo hagan en el plazo fijado se arriesgan a que el inmueble sea declarado «sin dueño» y pase a ser gestionado por el Estado ruso. Fuentes de la administración de ocupación han confirmado que el proceso ya está en marcha en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

«Los rusos quieren borrar toda evidencia de propiedad ucraniana», ha declarado una fuente anónima citada por medios independientes. La iniciativa se enmarca en la política de rusificación de los territorios conquistados, que incluye la imposición del rublo como moneda de curso legal, la aplicación de la legislación rusa y la sustitución de los títulos de propiedad emitidos por Ucrania.

El temor a perder la vivienda

Los afectados denuncian que muchos propietarios han huido de las zonas ocupadas y no pueden regresar para completar el registro, bien por el riesgo de represalias, bien porque residen en territorio controlado por el Gobierno ucraniano. Además, los requisitos documentales son difíciles de cumplir: se exigen certificados de propiedad emitidos por las nuevas autoridades, lo que obliga a renunciar de facto a la titularidad ucraniana. Organizaciones de derechos humanos han advertido de que la medida viola el derecho internacional humanitario, que prohíbe la expropiación forzosa en territorios ocupados.

El Gobierno ucraniano ha condenado la medida y ha instado a la comunidad internacional a no reconocer ningún registro efectuado bajo la administración rusa. «Es un intento ilegítimo de apropiarse de los bienes de los ciudadanos ucranianos», ha señalado un portavoz del Ministerio de Exteriores en Kiev. La embajada de Ucrania en España ha recordado que cualquier transacción inmobiliaria realizada bajo ocupación carece de validez legal.