El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia ha publicado a finales de mayo una actualización de las normas técnicas que regulan el SORM (Sistema para Actividades Operativas de Investigación), la infraestructura estatal de espionaje digital que permite la vigilancia masiva de comunicaciones y tráfico de internet en el país.
Un endurecimiento del control estatal
Las nuevas reglas, cuya entrada en vigor no se ha especificado, actualizan los estándares técnicos del sistema, que ya existía desde la época soviética pero que ha sido modernizado en los últimos años. El SORM obliga a todos los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios digitales a instalar equipos que permitan a los servicios de seguridad rusos (FSB) interceptar comunicaciones, correos electrónicos, mensajes y tráfico de internet sin necesidad de orden judicial.
La medida se enmarca en un contexto de guerra cibernética y censura creciente en Rusia, especialmente desde el inicio del conflicto en Ucrania. El gobierno ruso ha intensificado el control sobre la información y la disidencia, bloqueando plataformas como X (antes Twitter), Meta (Facebook e Instagram) y numerosos medios independientes.
Implicaciones para los derechos digitales
Según fuentes del sector tecnológico ruso, la actualización endurece los requisitos para los proveedores de servicios, que deberán almacenar y facilitar un volumen mayor de datos a las autoridades. Los defensores de derechos civiles han denunciado que el SORM carece de supervisión judicial efectiva y que su alcance ha crecido de forma exponencial en los últimos años, permitiendo al Estado ruso monitorizar a millones de ciudadanos en tiempo real.
La medida ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que la consideran un paso más en la consolidación de un sistema de vigilancia totalitaria. El gobierno ruso, por su parte, defiende que estas herramientas son necesarias para combatir el terrorismo y los delitos cibernéticos en un entorno de creciente amenaza digital.
