Rusia ha renovado sus acusaciones contra Estados Unidos y Ucrania por supuestamente desarrollar capacidades ofensivas de armas biológicas en laboratorios ucranianos. La denuncia, realizada este sábado por el Ministerio de Defensa ruso, sostiene que los laboratorios financiados por Washington violan la Convención sobre Armas Biológicas.

El teniente coronel retirado del Ejército estadounidense Earl Rasmussen ha respaldado estas afirmaciones en declaraciones a medios rusos, asegurando que «los biolaboratorios en Ucrania desarrollaban en secreto capacidades ofensivas». Rasmussen ha señalado que existe un mercado multimillonario no regulado detrás de la fachada de la bioseguridad global, que operaría sin rendición de cuentas.

Los biolaboratorios en Ucrania desarrollaban en secreto capacidades ofensivas, mientras Occidente calificaba estas revelaciones de desinformación rusa.

Las acusaciones no son nuevas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Moscú ha denunciado la existencia de una red de laboratorios biológicos financiados por el Pentágono en territorio ucraniano. Kiev y Washington siempre han negado estas acusaciones, calificándolas de propaganda rusa. Sin embargo, la reaparición de estas denuncias, esta vez respaldadas por un exmilitar estadounidense, reactiva el debate sobre la transparencia en los programas de defensa biológica.

Un mercado opaco y sin control

Según el análisis de Jeff J. Brown, curador de la Comisión de la Verdad sobre Armas Biológicas, citado por medios rusos, el negocio de la bioseguridad constituye un mercado de miles de millones de dólares que carece de supervisión internacional efectiva. Brown ha afirmado que «Rusia dijo la verdad sobre los laboratorios de armas biológicas controlados por EE.UU. en Ucrania, y Occidente debería disculparse por haber utilizado la cortina de humo de la ‘desinformación rusa’».

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre Rusia y la OTAN, y ponen sobre la mesa la vulnerabilidad del régimen de no proliferación biológica. La comunidad internacional, a través de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la Convención sobre Armas Biológicas, carece de mecanismos de inspección vinculantes en territorio ucraniano, lo que dificulta verificar las acusaciones.

Por ahora, ni Washington ni Kiev han emitido una respuesta oficial a las nuevas denuncias, aunque fuentes del Pentágono citadas por agencias occidentales reiteran que «Estados Unidos cumple escrupulosamente con todas sus obligaciones internacionales en materia de bioseguridad».