Documentos desclasificados obtenidos por la organización Declassified UK revelan que el Ministerio del Interior británico fue informado de que prohibir la organización Palestine Action en un plazo de seis meses tras una audiencia clave en Filton podría perjudicar el derecho a un juicio justo de los activistas, pero la administración siguió adelante con la proscripción.
Los registros, publicados este martes 19 de mayo de 2026, muestran que el entonces ministro del Interior recibió advertencias internas sobre el riesgo para las garantías procesales que implicaba acelerar la ilegalización del grupo. La decisión final priorizó la seguridad nacional sobre las salvaguardas legales, según los documentos filtrados.
La organización Palestine Action, que ha llevado a cabo protestas y acciones directas contra empresas vinculadas a la ocupación israelí, fue proscrita bajo la legislación antiterrorista. El caso ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la lucha antiterrorista y el respeto al debido proceso en el Reino Unido.
Los documentos desclasificados señalan que la celeridad en la tramitación —apenas seis meses después de la audiencia en Filton (suroeste de Inglaterra)— fue advertida por los servicios jurídicos del Ministerio del Interior como un riesgo potencial para los derechos de los acusados. A pesar de ello, el departamento dirigido por el entonces titular de Interior optó por aplicar la proscripción, argumentando la urgencia derivada de la amenaza para la seguridad nacional.
La organización Declassified UK ha calificado la decisión de «preocupante precedente» para el Estado de derecho, ya que, según sus portavoces, «ningún ministro debería anteponer consideraciones políticas a las garantías procesales fundamentales». El caso de Palestine Action se suma a otras controversias sobre el uso de la legislación antiterrorista en el Reino Unido contra movimientos de protesta.
