La República Democrática del Congo ha incorporado a su ordenamiento jurídico el concepto de genocost, una figura que tipifica como genocidio las muertes producidas por la explotación de recursos naturales en el contexto del conflicto congoleño. La medida busca reconocer oficialmente a las víctimas de una violencia que, según Kinshasa, habría sido motivada por intereses económicos extranjeros, aunque fuentes parlamentarias consultadas no precisaron la fecha exacta de aprobación.
El genocost —contracción de génocide y cost— es una noción impulsada por organizaciones de la sociedad civil congoleña y respaldada por el Gobierno del presidente Félix Tshisekedi. Se fundamenta en la tesis de que las sucesivas guerras que han asolado el este del país desde la década de 1990 no fueron solo conflictos étnicos o políticos, sino que responden a una estrategia deliberada de saqueo de los vastos yacimientos de coltán, oro, cobalto y otros minerales estratégicos de la región.
Una herramienta jurídica polémica
La aprobación de la ley no ha estado exenta de controversia. Kigali ha rechazado de plano la figura, al considerar que se trata de un arma política dirigida específicamente contra Ruanda. El ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Vincent Biruta, declaró que el genocost es una invención de Kinshasa para desviar la atención de sus propias responsabilidades y criminalizar a Ruanda de forma injusta, según informó la agencia de noticias ruandesa. La propia ley no menciona explícitamente a Ruanda, pero la acusación de que las milicias tutsis y el Ejército ruandés han saqueado sistemáticamente los recursos congoleños es recurrente en los discursos oficiales de la RDC.
Por el contrario, Bruselas y París han mostrado cautela. La Unión Europea, a través de su portavoz para la región de los Grandes Lagos, instó a ambas partes a evitar una escalada retórica. «El reconocimiento de las víctimas es legítimo, pero el derecho internacional no debe ser instrumentalizado para fines políticos», señaló en un comunicado.
Un horizonte internacional lejano
El genocost aspira a obtener reconocimiento internacional, aunque el camino es largo. La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha investigado crímenes de guerra en la RDC, pero nunca ha admitido una acusación basada exclusivamente en motivos económicos. La ley congoleña abre la puerta a que las víctimas puedan solicitar reparaciones ante tribunales nacionales, pero su eficacia dependerá de la capacidad del Estado para hacerla cumplir en un país donde vastas zonas escapan al control gubernamental.
