El avance de las estructuras delictivas en Ecuador no responde únicamente a un fenómeno policial, sino que encuentra su impulso en los graves problemas económicos que atraviesa el país. Así lo señala un análisis de la situación del país andino, que lo sitúa como un escenario propicio para el florecimiento de economías ilícitas durante 2026.

La precariedad laboral como motor del crimen

Uno de los indicadores más alarmantes es la tasa de trabajadores que perciben ingresos inferiores al Salario Básico Unificado (SBU) o que laboran menos de la jornada legal. Según los datos disponibles, este porcentaje ha escalado al 34,8 %, lo que refleja una precariedad que empuja a amplios sectores de la población hacia actividades al margen de la ley.

El análisis sostiene que el deterioro del mercado laboral formal, sumado a la debilidad institucional y a factores geopolíticos, crea un entorno en el que las organizaciones criminales encuentran tanto reclutas como oportunidades para expandir sus operaciones. Ecuador, por su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, principales productores de cocaína del mundo, actúa como corredor de tránsito y, cada vez más, como centro de procesamiento y almacenamiento de drogas.

Un círculo vicioso de violencia y economía sumergida

La combinación de desempleo, subempleo y caída del poder adquisitivo de los salarios mínimos genera un caldo de cultivo en el que la economía ilícita compite ventajosamente con la formal. Los cárteles y bandas locales ofrecen ingresos que el mercado legal no puede proporcionar, lo que a su vez realimenta la violencia y la inestabilidad.

El fenómeno no es nuevo, pero la profundidad de la crisis ecuatoriana actual, agravada por la polarización política y la falta de consensos para reformas estructurales, ha acelerado la permeabilidad de la economía ilegal en el tejido social. Según el análisis, mientras no se aborden las raíces económicas y sociales del problema, cualquier estrategia de seguridad será insuficiente.