El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ratificó este domingo los resultados de la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 11 de abril, tras semanas de tensión e incertidumbre. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 7 de junio. Sin embargo, el partido ultraconservador Renovación Popular anunció que impugnará los resultados, una acción que, según el presidente del JNE, Roberto Burneo, «no va a cambiar nada».
La impugnación presentada por Renovación Popular prolonga la incertidumbre política en el país andino, que mantiene estrechos vínculos diplomáticos y económicos con España. La negativa del partido a aceptar los resultados oficiales amenaza con retrasar la transición presidencial prevista para el 28 de julio, cuando el actual mandatario, Pedro Castillo, debería entregar el poder. Fuentes del JNE confirmaron que el recurso será evaluado en los próximos días, aunque recordaron que la Constitución peruana no prevé la posibilidad de anular todo el proceso electoral.
Un escenario de polarización
La primera vuelta estuvo marcada por una elevada polarización y denuncias de fraude por parte de diversos sectores. Renovación Popular, que obtuvo apenas el 3% de los votos, alega irregularidades en el conteo de actas. No obstante, organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han avalado la transparencia del proceso. El JNE descartó cualquier anomalía significativa y reiteró que los resultados reflejan la voluntad popular expresada en las urnas.
La impugnación, considerada por analistas como una estrategia política para deslegitimar al nuevo gobierno, se produce en un contexto de alta fragmentación del Congreso peruano. Tanto Fujimori como Sánchez han hecho un llamamiento a la calma y al respeto de la ley, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca el proceso. España, que mantiene inversiones estimadas en 5.000 millones de dólares en Perú, confía en que la crisis se resuelva por cauces institucionales.
