El futuro gobierno peruano ha anunciado su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, así como a la integridad territorial del reino alauí sobre la región. El anuncio, realizado este miércoles por la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, supone un espaldarazo a la posición marroquí y un revés para las aspiraciones independentistas del Frente Polisario.

Un giro en la política exterior peruana

La decisión del ejecutivo entrante en Lima se enmarca en un realineamiento de la política exterior peruana hacia el Magreb. El Gobierno peruano se compromete explícitamente a apoyar la soberanía de Marruecos sobre sus provincias del sur, lo que contradice la posición histórica de Perú, que tradicionalmente había respaldado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Según fuentes oficiales peruanas, la nueva administración considera que el plan de autonomía, presentado por Rabat en 2007, es la «solución más seria y realista» para el conflicto.

El anuncio se produce en un contexto en el que España mantiene una posición ambigua sobre el Sáhara, tras el giro de 2022 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó la iniciativa marroquí. El movimiento de Perú debilita aún más el apoyo internacional al Frente Polisario, que ya ha perdido respaldos clave en los últimos años, como el de Estados Unidos durante la administración Trump.

Implicaciones diplomáticas

La adhesión de Perú a la postura marroquí tiene consecuencias directas en el equilibrio diplomático del conflicto. Marruecos suma así un nuevo aliado en la región latinoamericana, donde países como Colombia o México todavía mantienen posiciones favorables a la autodeterminación saharaui. La decisión peruana, anunciada antes de la toma de posesión de Fujimori, prevista para las próximas semanas, refleja la voluntad del nuevo ejecutivo de alinearse con los intereses estratégicos de Rabat en el marco de la pugna por el control del Sáhara Occidental.

El Frente Polisario, por su parte, ha rechazado el anuncio y lo ha calificado de «traición al derecho internacional». La organización independentista, con sede en los campamentos de Tinduf, sigue reclamando un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU, que lleva décadas sin celebrarse debido al bloqueo marroquí.