El Congreso de la República del Perú ha promulgado la Ley N° 32592, que declara de interés nacional la creación de los Sistemas de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN) y de Protección Amazónico y Nacional (SIPAN). La medida, aprobada antes del 20 de mayo de 2026, busca reforzar la vigilancia y protección de la Amazonía peruana, una región estratégica para el país sudamericano.
Según informó el Congreso peruano, los sistemas permitirán la recolección, sistematización, análisis y provisión de información en tiempo real sobre el territorio nacional, las fronteras y los ecosistemas. La Amazonía peruana es una de las zonas más afectadas por actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación, lo que ha motivado la respuesta legislativa.
Una herramienta contra el crimen organizado
La creación del SIVAN y el SIPAN tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en una región donde la delincuencia transnacional ha encontrado refugio. La falta de control efectivo ha permitido que bandas criminales exploten los recursos naturales de forma ilegal, contaminando ríos y destruyendo bosques.
Con esta ley, el Perú busca dotar a las autoridades de capacidades técnicas y operativas para monitorear en tiempo real las amenazas a la seguridad nacional y ambiental. La normativa establece que la implementación estará a cargo del Ministerio de Defensa y otras entidades competentes, aunque no se han detallado plazos ni presupuesto asignado.
Implicaciones para la soberanía regional
La Amazonía es un activo estratégico para Perú, no solo por su biodiversidad, sino por su ubicación fronteriza con países como Brasil, Colombia y Ecuador. La vigilancia reforzada permitirá mejorar el control de las fronteras y combatir el tráfico ilegal de personas, armas y mercancías.
La promulgación de esta ley coincide con un contexto regional de creciente preocupación por la deforestación y la criminalidad en la Amazonía. Expertos consultados por medios locales han señalado que la efectividad de los sistemas dependerá de la inversión en tecnología y de la coordinación entre las fuerzas armadas, la policía y las instituciones ambientales.
