El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha anunciado este jueves que cerrará su oficina en Burkina Faso a finales de noviembre, tras su suspensión por el régimen militar del país. La decisión llega tres meses después de que las autoridades burkinesas suspendieran las actividades del organismo tras un comunicado de prensa en el que se les instaba a «preservar el espacio cívico».

Paralelamente, Níger, Malí y Burkina Faso han formalizado su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI). El 24 de junio, los tres países notificaron al secretario general de la ONU, António Guterres, su abandono del tratado de Roma, aunque la salida no será efectiva hasta dentro de un año. En sus comunicados, los gobiernos sahelianos tildaron a la CPI de «instrumento selectivo y politizado».

Un doble golpe a la supervisión de derechos humanos en el Sahel

El cierre de la oficina del Alto Comisionado en Uagadugú supone un revés para la supervisión de derechos humanos en una región asolada por la violencia yihadista. La suspensión se produjo tras un comunicado de prensa del Alto Comisionado que instaba a las autoridades a preservar el espacio cívico.

Por su parte, la salida coordinada de los tres países del Sahel de la CPI debilita la jurisdicción del tribunal en una zona donde se han cometido graves violaciones por parte de grupos armados y fuerzas de seguridad, según han señalado en anteriores ocasiones organismos internacionales. La medida se enmarca en un alejamiento de estos gobiernos de las instituciones multilaterales occidentales.

Ni la ONU ni la CPI han ofrecido por ahora una respuesta coordinada más allá de lamentar las decisiones.