Un nuevo proyecto de ley bipartidista presentado este jueves en el Congreso de Estados Unidos permitiría a los ciudadanos demandar por daños y perjuicios a cualquier funcionario público que intente coaccionar ilegalmente a una plataforma de redes sociales, inteligencia artificial o radiodifusión para eliminar contenido. La iniciativa, conocida como JAWBONE Act, ha sido impulsada por el presidente del Comité de Comercio del Senado, el republicano Ted Cruz, y el demócrata Ron Wyden.
Según el texto de la propuesta, la demanda podría interponerse independientemente de que la plataforma acceda o no a la presión del funcionario. El objetivo es frenar lo que los legisladores consideran una práctica recurrente de abuso de poder por parte de Gobiernos de ambos signos, que han presionado a empresas tecnológicas para silenciar voces críticas o favorecer narrativas oficiales.
Un derecho frente a la coacción estatal
La ley cubre cualquier intento de coacción por parte de funcionarios federales, estatales o locales, y establece que los afectados podrán reclamar daños compensatorios y punitivos. El caso del cómico Jimmy Kimmel ha sido citado como ejemplo emblemático: Kimmel ha denunciado en repetidas ocasiones presiones de la administración Trump para que Twitter y Facebook eliminaran contenido satírico crítico con el entonces presidente. También se menciona al comisionado de la FCC, Brendan Carr, como posible demandado por sus intentos de influir en cadenas de televisión.
Protección de la libertad de expresión
Los promotores de la JAWBONE Act sostienen que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege a los ciudadanos no solo frente a la censura directa del Estado, sino también frente a la coacción indirecta a través de intermediarios. «Un funcionario no puede amenazar a una plataforma con represalias regulatorias para que censure a un ciudadano, y salir impune», declaró Wyden en un comunicado. La iniciativa ha recibido el respaldo de organizaciones de derechos digitales, mientras que algunas voces advierten de que podría generar un aluvión de litigios contra cargos públicos. El proyecto deberá ahora superar el trámite en el Senado y la Cámara de Representantes antes de llegar al despacho presidencial.
