Un grupo de nueve migrantes ha logrado entrar ilegalmente en Ceuta durante las últimas horas, según fuentes policiales citadas por la agencia EFE. Seis de ellos superaron la doble valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos, mientras que los otros tres accedieron a nado rodeando los espigones del perímetro fronterizo.

El suceso, ocurrido en la madrugada del 1 de junio, vuelve a poner de manifiesto la presión migratoria que soporta la frontera hispano-marroquí. La longitud total de la verja que rodea Ceuta es de 8,2 kilómetros, un punto caliente en las rutas de inmigración irregular hacia la Unión Europea. Las autoridades españolas han abierto un expediente para identificar a los migrantes, que han sido trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad, donde se someterán a los protocolos de identificación y, en su caso, de retorno si procede su devolución a Marruecos.

La entrada de migrantes a Ceuta y Melilla es un fenómeno recurrente que genera periódicamente tensiones diplomáticas entre España y Marruecos. En lo que va de año, más de 1.200 personas han intentado acceder ilegalmente a ambas ciudades autónomas, según datos de la Delegación del Gobierno. La última oleada significativa se produjo en 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en pocos días aprovechando una relajación de los controles marroquíes. Desde entonces, la cooperación bilateral en materia migratoria ha sido clave para contener los flujos, aunque episodios como el de esta madrugada demuestran que la presión persiste.

Los migrantes que logran entrar son acogidos en el CETI, donde reciben asistencia sanitaria y alimentación básica. Las solicitudes de asilo se tramitan de forma individualizada. En caso de que no cumplan los requisitos para permanecer en España, se inicia el procedimiento de devolución a Marruecos, en virtud del acuerdo bilateral de readmisión. No obstante, la lentitud de los trámites burocráticos provoca a menudo estancias prolongadas en el centro de acogida, que actualmente opera al 85% de su capacidad, según fuentes de la Delegación del Gobierno.