La empresa operadora del gasoducto Nord Stream 2 ha llevado a la Unión Europea ante la justicia comunitaria por la prohibición de importar gas ruso, en un movimiento que desafía directamente las sanciones energéticas del bloque. Nord Stream 2 AG presentó el 15 de junio de 2026 un recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, según consta en una publicación del Diario Oficial de la UE, aunque aún no se ha fijado fecha para la revisión del caso.
La demanda impugna la normativa europea que veta la entrada de gas ruso por gasoducto, una medida adoptada tras la invasión de Ucrania en 2022 y que ha dejado inactivo el gasoducto, completado en 2021 pero nunca certificado. La compañía argumenta, según fuentes próximas al proceso, que el veto viola principios de derecho internacional y contractual, al afectar inversiones realizadas bajo el marco legal vigente en el momento de su construcción.
Un desafío a la política energética europea
El recurso de Nord Stream 2 llega en un momento de tensiones geopolíticas sobre el suministro energético en Europa. Mientras Bruselas mantiene su objetivo de reducir la dependencia del gas ruso, varios Estados miembros han mostrado divisiones internas sobre la conveniencia de mantener las sanciones, especialmente ante el encarecimiento de la energía. La demanda podría reabrir el debate sobre la legalidad de las restricciones comunitarias en el ámbito del comercio energético.
El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, que se suma a otras acciones legales de empresas rusas contra sanciones europeas. Moscú ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera una politización del suministro energético, mientras que desde la Comisión Europea se defiende que las medidas son proporcionales y necesarias para la seguridad del bloque.
La compañía Nord Stream 2 AG interpuso un recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, precisa una publicación en el Diario Oficial del bloque.
El resultado del caso podría sentar un precedente sobre los límites de la capacidad sancionadora de la UE en el ámbito de la energía, y afectar a la planificación futura de infraestructuras gasísticas en el continente.
