La batalla legal entre Elon Musk y Sam Altman entra en su tercera y última semana, con el jurado a punto de decidir quién controlará el futuro de la inteligencia artificial. El caso, que se ha convertido en uno de los más mediáticos de la industria tecnológica, se ha centrado en la credibilidad de ambos directivos, que han intercambiado acusaciones sobre la propiedad de los activos de OpenAI.
El litigio, que comenzó hace tres semanas, ha expuesto las profundas divisiones internas entre los fundadores de la empresa de IA. Musk, que cofundó OpenAI en 2015 y abandonó el consejo en 2018, reclama el control de la infraestructura tecnológica que él considera fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial general. Altman, actual consejero delegado, defiende su gestión y acusa a Musk de intentar frenar la compañía para beneficiar a sus propias empresas.
El contexto regulatorio de Trump
El juicio se desarrolla en un contexto político marcado por las políticas tecnológicas del presidente Donald Trump, que ha tomado una postura ambivalente hacia la regulación de la IA. Mientras que su administración ha promovido la desregulación para fomentar la innovación, también ha mostrado interés en limitar el poder de las grandes tecnológicas, lo que podría influir en el resultado del caso.
Analistas legales consultados por fuentes cercanas al procedimiento señalan que la decisión del jurado podría sentar un precedente sobre la propiedad intelectual en el sector de la inteligencia artificial, un mercado valorado en miles de millones de dólares. La sentencia, que se espera para finales de esta semana, podría obligar a OpenAI a reestructurar su propiedad o a pagar una compensación millonaria a Musk.
Mientras tanto, las acciones de las empresas vinculadas a ambos magnates han mostrado volatilidad, con movimientos de hasta el 5% en los últimos días, reflejando la incertidumbre del mercado ante el desenlace judicial.
