La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado el despido de 18 empleados en Chad tras una investigación interna que reveló 59 denuncias de explotación y abuso sexual contra mujeres refugiadas sudanesas y chadianas, entre ellas menores de edad. El escándalo golpea a una de las ONG más emblemáticas del sector humanitario y compromete su labor en la región del Sahel.

Una investigación de seis meses

La investigación, que se prolongó durante seis meses, documentó 59 casos de abuso y explotación sexual cometidos por personal de MSF en varias localidades del país africano. Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niñas refugiadas sudanesas, desplazadas por el conflicto en Darfur, así como mujeres chadianas en situación de vulnerabilidad. Según el informe interno, los abusos incluyeron violaciones, agresiones sexuales y relaciones sexuales forzadas a cambio de alimentos, medicinas o protección.

Estamos profundamente consternados por los hallazgos de esta investigación. Estas acciones violan todos los principios de nuestra organización y traicionan la confianza de las comunidades a las que servimos.

MSF ha asegurado que los 18 despedidos han sido apartados de sus funciones y que se han puesto los casos a disposición de las autoridades locales para posibles acciones penales. La organización ha anunciado además la puesta en marcha de un plan de prevención y formación obligatoria para todo su personal en la región.

El contexto de la ayuda humanitaria en Chad

Chad alberga a más de un millón de refugiados sudaneses que huyen del conflicto en Darfur, en una de las crisis humanitarias más prolongadas de África. MSF opera en el país desde 1981 y cuenta con varios proyectos de salud y nutrición. La organización ha reconocido que los abusos se produjeron en un contexto de extrema vulnerabilidad de las víctimas y de falta de mecanismos de control y denuncia efectivos.

El caso, que ha trascendido a través de la prensa internacional, ha provocado una ola de críticas hacia las prácticas de las grandes ONG en zonas de conflicto. Varios donantes institucionales, entre ellos gobiernos europeos y agencias de la ONU, han exigido explicaciones y medidas concretas para evitar la repetición de estos hechos. MSF ha asegurado que colaborará plenamente con las investigaciones y que revisará todos sus protocolos de protección en los países donde opera.