El presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha promulgado este 7 de julio una reforma constitucional que amplía de cinco a siete años los mandatos presidencial y legislativo. La oposición ha calificado la medida como un «golpe de Estado constitucional», según ha denunciado en un comunicado.

La nueva ley, aprobada por el Parlamento controlado por el partido gobernante ZANU-PF, modifica el artículo 92 de la Constitución de 2013 y otorga además a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar al jefe del Estado en determinadas circunstancias. La reforma fue publicada en la Gaceta Oficial del país africano este mismo martes.

Una reforma polémica

Mnangagwa, que llegó al poder en 2017 tras el derrocamiento de Robert Mugabe, había asegurado en repetidas ocasiones que no buscaría un tercer mandato. Sin embargo, la enmienda constitucional blinda su continuidad al frente del Ejecutivo al menos hasta 2033, año en que expiraría el nuevo periodo de siete años si se presenta y gana las próximas elecciones.

Esta reforma es un golpe de Estado constitucional que vacía de contenido la voluntad popular expresada en las urnas.

La oposición ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales y ha llamado a la comunidad internacional a no reconocer la legitimidad de la enmienda. Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el retroceso democrático que supone la ampliación del mandato en un país que arrastra una larga crisis política y económica.

Precedente en África austral

Zimbabwe se suma así a la tendencia de líderes africanos que buscan prolongar su permanencia en el poder mediante cambios constitucionales. En los últimos años, países como Uganda, Congo o Costa de Marfil han modificado sus límites de mandato. La medida de Mnangagwa supone un nuevo golpe para la credibilidad del proceso electoral en la región, según analistas citados por la prensa local.

El presidente zimbabuense, de 83 años, se enfrenta a una severa crisis económica, con una inflación que supera el 500% interanual y niveles récord de desempleo. El contexto de represión contra la disidencia y el control gubernamental sobre los medios de comunicación han intensificado las críticas al Ejecutivo, que ahora ve reforzados sus instrumentos legales para perpetuarse en el poder.