Meta ha contratado a Rank One, un proveedor del Pentágono, para prototipar tecnología de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes, según ha revelado una investigación periodística publicada este lunes. La colaboración subraya la creciente convergencia entre la vigilancia civil y la industria militar estadounidense, y abre interrogantes sobre la privacidad de los usuarios y el destino de los datos biométricos.
Rank One, con sede en Colorado, cuenta en su consejo asesor con un exdirector adjunto de la CIA y un antiguo jefe científico del FBI. La empresa ha suministrado sistemas de identificación biométrica a agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos, lo que la sitúa en el centro del debate sobre las tecnologías de doble uso: aplicaciones comerciales que nacen del ecosistema militar y viceversa.
Una alianza que desdibuja la línea entre consumo y defensa
El acuerdo, que según fuentes internas de Meta se encuentra aún en fase de prototipado, busca integrar el reconocimiento facial en la aplicación de las gafas inteligentes de la compañía, un producto que Meta comercializa desde 2023. Aunque la empresa ha asegurado que la función se limitará a la identificación de contactos autorizados por el usuario, el hecho de que el desarrollo recaiga en un contratista del Pentágono ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos digitales.
La noticia llega en un momento en que el Congreso de Estados Unidos debate nuevas restricciones a la exportación de tecnologías de vigilancia, y en el que la propia Meta ha sido objeto de críticas por su gestión de datos personales. La colaboración con Rank One no se había hecho pública hasta ahora, y Meta no ha respondido a las preguntas sobre si compartirá con el Gobierno estadounidense los avances obtenidos en el prototipado.
Para los analistas de seguridad, el movimiento de Meta confirma una tendencia: las grandes tecnológicas recurren cada vez más a proveedores con vínculos militares para acelerar el desarrollo de capacidades biométricas, en un mercado que se prevé que alcance los 50.000 millones de dólares anuales a finales de la década. La frontera entre el ocio digital y la vigilancia estatal se estrecha, mientras los usuarios apenas son conscientes del rastro biométrico que dejan.
