Las autoridades marroquíes han abierto una investigación antidumping sobre las importaciones de tejidos de felpa (con pelo largo) para mantas procedentes de China y Egipto, según un anuncio del Ministerio de Industria y Comercio fechado el 27 de mayo de 2026. La decisión responde a una denuncia presentada por dos empresas marroquíes del sector textil, que sospechan que estas importaciones se realizan a precios inferiores a los del mercado, causando un perjuicio a la industria local.

Una denuncia empresarial que activa la investigación

El ministerio marroquí confirmó que la investigación se abrió tras examinar la solicitud de dos compañías nacionales que alegan prácticas de dumping en las importaciones de estos tejidos. Aunque no se han revelado los nombres de las empresas denunciantes ni los volúmenes de comercio afectados, la medida refleja la creciente preocupación del sector textil marroquí por la competencia de los gigantes asiáticos. Egipto, también mencionado en la investigación, es un productor textil relevante en la región, lo que añade una dimensión regional al caso.

Competencia directa con la industria textil española

Marruecos es un importante productor y exportador textil, y su industria compite directamente con el sector textil español, especialmente en el segmento de bajos costes. Si la investigación confirma el dumping, Rabat podría imponer aranceles compensatorios que encarezcan las importaciones chinas y egipcias, alterando los flujos comerciales en el Mediterráneo occidental. Para España, que mantiene estrechos vínculos comerciales con el textil marroquí, la evolución de este caso podría generar oportunidades para sus exportaciones o, por el contrario, tensiones si las medidas afectan a proveedores comunes, según analistas del sector consultados.

La investigación se inscribe en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permiten a los países miembros adoptar medidas antidumping cuando se demuestra que las importaciones a bajo precio causan daño a la industria local. El proceso podría durar varios meses e incluirá la recogida de alegaciones y pruebas por parte de las partes interesadas.