La activista marroquí Ibtissame ‘Betty’ Lachgar cumple diez meses de prisión con una condena de dos años y medio por un delito de «atentado contra el islam». Su entorno y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncian que sufre un grave riesgo vital debido a una prótesis ósea defectuosa que, sin intervención quirúrgica urgente, podría derivar en la amputación del brazo o incluso la muerte.

Lachgar, activista feminista y defensora de los derechos humanos, fue detenida en agosto de 2025 y condenada en un juicio sumario por expresiones consideradas blasfemas. La organización AMDH ha alertado en repetidas ocasiones de que las autoridades penitenciarias no están facilitando la atención médica necesaria, lo que agrava su estado de salud.

Un caso de represión selectiva

La condena de Lachgar se inscribe en una campaña más amplia del Gobierno marroquí contra la disidencia, utilizando leyes religiosas como instrumento de control social. Organismos internacionales han criticado la deriva autoritaria de Rabat, que utiliza la justicia para silenciar a voces críticas. En los últimos años, Marruecos ha intensificado la persecución de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, bajo el pretexto de proteger la moral islámica y la seguridad del Estado.

El caso de Lachgar, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en el país, ha sido denunciado por Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades marroquíes no han respondido a las peticiones de clemencia ni han permitido un traslado hospitalario que evite el deterioro físico de la activista.

«Cada día que pasa amenaza la vida de Betty Lachgar. Sin una intervención quirúrgica inmediata, podría perder el brazo o morir. Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad», ha declarado un portavoz de la AMDH.

Repercusiones internacionales

El caso ha generado malestar en la comunidad internacional, especialmente en la Unión Europea, que mantiene relaciones comerciales y de cooperación con Marruecos. La situación de Lachgar podría afectar la imagen del reino alauí en foros multilaterales, aunque Rabat ha demostrado hasta ahora poca sensibilidad a las presiones exteriores en materia de derechos humanos. La familia de la activista ha solicitado la intervención del rey Mohamed VI para un indulto, pero no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, Betty Lachgar continúa encarcelada en un centro penitenciario no especificado, con su salud en el alero, en lo que sus allegados califican de una sentencia de muerte lenta.