La reforma farmacéutica en Marruecos, plasmada en el proyecto de ley 27.26, vuelve a generar controversia. Diversos actores del sector sanitario denuncian que el retraso en su aprobación está favoreciendo la proliferación de circuitos de distribución incontrolables, con graves consecuencias para la salud pública y la industria local, según informa la prensa marroquí.

El proyecto de ley 27.26, en el aire

El texto legislativo, que debía establecer un marco más riguroso para la fabricación, importación y comercialización de medicamentos, ha sido postergado por el Gobierno. La argumentación oficial de urgencia legislativa no convence a los expertos. En una tribuna publicada esta semana, el analista Nawfel Raghay sostiene que la dilación deliberada está creando un vacío legal que explotan redes paralelas de suministro, sin control de calidad ni trazabilidad.

La situación es especialmente preocupante en la distribución transfronteriza. Medios extranjeros difunden información que los marroquíes no reciben con claridad, no por censura, sino porque nadie determina el alcance de la responsabilidad de los intermediarios. La ley 27.26 pretendía precisamente fijar esas obligaciones, pero el Ejecutivo ha preferido no tramitarla.

Las cadenas extranjeras emiten. Los medios marroquíes se abstienen. No porque esté prohibido, sino porque nadie sabe realmente hasta dónde llega su responsabilidad. El proyecto de ley 27.26 sobre el medicamento podría haber corregido esto. El Gobierno ha preferido aplazarlo.

Coste sanitario y económico

Según Raghay, el coste de esta omisión es triple: sanitario, porque los fármacos que circulan por canales irregulares pueden ser falsificados o estar mal conservados; económico, porque la industria farmacéutica marroquí pierde competitividad frente a importaciones sin control; y de gobernanza, porque la falta de una regulación clara perpetúa la opacidad en un sector estratégico.

Marruecos lleva años intentando modernizar su sector farmacéutico para atraer inversión extranjera y garantizar el acceso a medicamentos de calidad. La demora en la ley 27.26 supone un paso atrás en ese objetivo, justo cuando el país necesita reforzar su autonomía sanitaria tras las lecciones de la pandemia.