El Gobierno de Marruecos ha abierto 20.000 millones de dírhams en créditos suplementarios dentro del presupuesto de 2026, según anunció este miércoles el ministro delegado encargado del Presupuesto, Fouzi Lekjaâ, durante su comparecencia ante el Parlamento. La medida, adoptada mediante decreto, busca hacer frente a gastos no previstos inicialmente, entre ellos el refuerzo del poder adquisitivo y las indemnizaciones a los afectados por las inundaciones registradas en el país.

La ampliación presupuestaria representa un incremento significativo respecto a la previsión inicial del ejercicio, y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo marroquí para mantener la estabilidad económica y social en un contexto de presiones inflacionistas y tensiones geopolíticas en la región. El ministro no detalló el impacto concreto sobre el déficit público, pero fuentes oficiales citadas por la agencia MAP aseguran que se mantendrá dentro de los límites marcados por la Ley de Finanzas.

Apoyo al consumo y emergencias climáticas

Los fondos extra se destinarán principalmente a subvencionar productos básicos y a compensar a las familias damnificadas por las recientes riadas en el sur del país, que dejaron decenas de fallecidos y cuantiosos daños materiales. Además, una partida irá a cubrir gastos de funcionamiento imprevistos de la administración, según explicó Lekjaâ ante la comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes.

La oposición parlamentaria ha criticado la opacidad del proceso y ha reclamado mayor transparencia en la ejecución de los créditos suplementarios. Desde el partido Istiqlal, su portavoz económico señaló que «estas partidas extras se han convertido en un recurso habitual sin que se fiscalice su destino final», al tiempo que exigió un informe detallado de los gastos previstos.

Con esta ampliación, el presupuesto total de Marruecos para 2026 asciende a 650.000 millones de dírhams (unos 60.000 millones de euros), según cálculos del Ministerio de Economía. El déficit público se situaría en el 3,5% del PIB, en línea con el objetivo del Gobierno de consolidación fiscal, aunque algunos analistas advierten de que el nuevo gasto podría elevar esa cifra al 4% si no se compensa con ingresos extraordinarios.