El Consejo de Gobierno marroquí ha adoptado este jueves en Rabat un proyecto de ley que reforma el sistema de ayudas sociales directas, con el objetivo de ampliar la base de beneficiarios y fortalecer la inclusión económica, según informaron fuentes oficiales del Ejecutivo.
La iniciativa, aprobada durante la reunión semanal del gabinete que preside Aziz Akhannouch, busca reestructurar el actual entramado de prestaciones para hacerlo más eficiente y llegar a sectores de la población que hasta ahora quedaban fuera del sistema de protección social. Aunque el texto no precisa el incremento presupuestario ni el número exacto de nuevos hogares cubiertos, la medida se inscribe en la estrategia del Reino de generalizar la cobertura social antes de 2028.
Un paso hacia la universalización
El proyecto de ley modifica el régimen vigente desde 2023, que ya supuso un avance significativo respecto al antiguo sistema de subsidios. La reforma contempla una simplificación de los criterios de acceso y un mayor uso de herramientas digitales para la gestión de las solicitudes, según detalló el ministro portavoz, Mustapha Baitas, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Marruecos destina actualmente unos 25.000 millones de dirhams anuales (unos 2.300 millones de euros) a las ayudas directas, una cifra que podría aumentar con la ampliación del censo. El programa forma parte del pilar social de la Carta Nacional de Protección Social, impulsada por el rey Mohamed VI para reducir las desigualdades en un país donde cerca del 30% de la población vive en situación de vulnerabilidad.
Reacción de los agentes económicos
Las asociaciones de consumidores y la Confederación General de Empresas de Marruecos han valorado positivamente la medida, aunque han solicitado que la reforma vaya acompañada de mecanismos de control para evitar fraudes y duplicidades. El sistema actual padece de una cobertura desigual, con zonas rurales infrarrepresentadas.
La aprobación del proyecto de ley es el primer paso legislativo: ahora deberá ser examinado por el Parlamento, donde la coalición gubernamental dispone de mayoría suficiente para su ratificación en los próximos meses. La fecha de entrada en vigor dependerá del debate parlamentario y de los ajustes técnicos que se introduzcan.
