El empleo de drones en los campos de batalla de Oriente Medio, Ucrania y otros conflictos se ha disparado en los últimos años, pero su creciente protagonismo militar contrasta con el devastador impacto sobre la población civil. Según un análisis de expertos en derechos humanos, entre 2020 y 2024 los ataques con drones en entornos de conflicto aumentaron un 4.000%, y son responsables de una proporción cada vez mayor de víctimas no combatientes.
Un arma imparable que siega vidas civiles
En Sudán, los drones causaron el 80% de las muertes civiles a principios de año, con al menos 880 personas fallecidas. La tendencia se replica en Gaza, Ucrania y Yemen, donde los sistemas aéreos no tripulados se han convertido en el arma preferida de ejércitos y grupos armados. El Pentágono, junto a otras fuerzas armadas del mundo, incrementa su inversión en el desarrollo y adquisición de estos sistemas, presentándolos como el futuro de la guerra.
Los drones se están convirtiendo en el arma de elección en todo el mundo, pero el sufrimiento civil queda oculto tras las cifras de eficiencia militar.
Los expertos consultados subrayan que el terror psicológico que generan los drones —zumbidos constantes, ataques imprevisibles— se suma a las bajas físicas. Además, la atribución de responsabilidades se vuelve más compleja cuando los ataques son realizados por actores no estatales o mediante sistemas autónomos.
El desafío de proteger a la población
La proliferación de drones y de medidas de contra-UAV dificulta la distinción entre combatientes y civiles. Organizaciones humanitarias reclaman una regulación internacional más estricta, mientras los gobiernos priorizan la ventaja táctica sobre el coste humano. Mientras tanto, decenas de miles de familias en zonas de conflicto conviven con el miedo constante a un ataque que puede llegar desde el cielo sin previo aviso.
