Un experto en política exterior estadounidense ha advertido de que la superposición de los regímenes de sanciones de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea genera zonas grises legales que favorecen la corrupción. En un artículo publicado en el medio digital Just Security el 4 de junio de 2026, el analista sostiene que estas ambigüedades permiten a actores corruptos explotar lagunas jurídicas, lo que socava la efectividad de las sanciones como herramienta de presión internacional.
Un marco fragmentado
El experto señala que los distintos sistemas de sanciones —el de la ONU, el del Departamento del Tesoro de EE.UU. y el de la UE— operan con lógicas y prioridades diferentes, lo que genera incoherencias legales. Estas discrepancias son aprovechadas por gobiernos, empresas y particulares para eludir las restricciones, según el análisis. El artículo, titulado «Sanctions Gaps and the Governance of Corruption Risk», subraya que los vacíos normativos no solo reducen la eficacia de las sanciones, sino que también crean un caldo de cultivo para prácticas corruptas.
La superposición de regímenes de sanciones crea incertidumbre jurídica que los actores corruptos pueden explotar para ocultar activos, desviar fondos o continuar operando en mercados restringidos.
Un riesgo para la gobernanza
El autor advierte de que los servicios de inteligencia y las redes de influencia también se benefician de estas zonas grises. La falta de coordinación entre los distintos regímenes dificulta la supervisión y el cumplimiento, lo que incrementa el riesgo de corrupción a nivel global. El artículo insta a los gobiernos a armonizar sus marcos sancionadores y a reforzar los mecanismos de transparencia para cerrar las brechas legales. Según el experto, sin una gobernanza más clara, las sanciones corren el riesgo de convertirse en un instrumento ineficaz que, paradójicamente, alimenta la corrupción que pretenden combatir.
